Adrián Claudio Bonache (@otroadri)
Tras la violación de un derecho fundamental en plena
pandemia, en este caso en forma de desahucios, el ministro de Transportes y
Agenda Urbana, Ábalos, ha sido la cara visible de la bochornosa propuesta del
Partido Socialista que, antes de enfrentarse a la especulación y los alquileres
inaccesibles para las masas populares, justifica, ampara y alimenta las
desigualdades materiales y económicas protegiendo la vivienda como “un bien de
mercado”.
Hoy en día, en España no se cumplen los derechos fundamentales y el gobierno de coalición es incapaz de prometer que éstos serán garantizados. Más bien lo contrario. Un partido que dijo pactar con la izquierda y resultó ser la plena alianza con el neoliberalismo más indecente que entiende el techo como un bien con el que comercializar y no como un derecho que respaldar a toda costa.
- Art. 47: Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.
Desde Unidas Podemos conocían
perfectamente el aliado con el que pactaban. Ya no cuelan sus “sorpresas”. Las
familias desahuciadas ya no volverán a casa. No están al nivel de la clase a la
que dicen representar, por ello, posiblemente lo más justo y decente sería
dimitir en bloque y hacer política desde la oposición; una política real que
tenga como objetivo principal dignificar la vida de la gente y no desgastar
sillones. Con cada desahucio e incumplimiento de los derechos constitucionales
se alejan de la necesaria finalidad, aunque también es bastante inservible
pedirle pan a quienes solo dan migajas. Hasta que el techo no esté garantizado
como un derecho, que sean los políticos los que se vayan a la calle.
Hasta el momento no existirá una limitación de alquileres,
sino que el Gobierno protegerá a los rentistas otorgándoles una bonificación
con dinero público y facilitándoles beneficios fiscales dependiendo del precio
al que se alquile. Una vez más, la vivienda sigue siendo utilizada como un bien
de mercado.
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