No podemos permitirlo

 

Pancarta contra el robo de los bancos | El Faradio

Adrián Claudio Bonache (@otroadri)

Indiferencia ante una problemática estructural como norma de las posturas de muchas personas que se autodefinen defensores del derecho a vivienda. Pocas veces hemos tenido a los enemigos tan bien camuflados.

La culpa de la ejecución de desahucios no recae simplemente en la poca solidaridad social. De hecho, esta cuestión, aunque no sea indiferente, es la que menos peso puede llegar a tener en el asunto. Por eso es necesario señalar que la vulneración de derechos fundamentales no se trata de casos aislados, sino de un problema estructural que exige responsabilidad para ser erradicado. Para conseguirlo no conviene señalar la actitud de la sociedad, pues todos conocemos la escasa organización y movilización para frenarlo, pero es totalmente inaceptable que el grueso de la culpabilidad caiga sobre el que mañana será desahuciado y no en ese poder político incapaz de enfrentarse a la especulación. No podemos permitir que se nos cargue a las espaldas una responsabilidad que no nos pertenece en su totalidad.

Desde que comenzó la crisis de 2008 la clase obrera ha sufrido terribles consecuencias. Una de ellas ha sido la incapacidad económica para pagar el alquiler del techo bajo el que poder vivir. Pero este problema no es agua pasada, puesto que en el presente, día a día, es la misma clase la que sigue sufriendo estos abusos. No podemos permitirnos el lujo de señalar al vecino y eximir de responsabilidad a las élites económicas y empresariales. Todo debate que no tenga como propósito arrancar la raíz del problema acabará siendo papel mojado.

El terrorismo de Estado empuja a la calle a todas las personas independientemente de la edad y de las alternativas habitacionales. Recientemente, una anciana de 75 años ha sido desahuciada en Valencia y se ha visto obligada a dormir en un albergue. Del mismo modo actúa cuando se trata de los jóvenes que cada día que anochece ven más lejos sus posibilidades de alquilar un piso o se encuentran forzados a destinar más del 90% de su salario en el pago de la vivienda.

Todavía no se han superado las consecuencias de la crisis económica de 2008 y la sociedad española ya está sufriendo los primeros efectos de la nueva crisis económica surgida a raíz de la pandemia. Para hacer frente al posible auge de la ocupación tras las olas de desahucios que llegarán en un futuro cercano, los medios de comunicación y ciertos partidos políticos se han encargado de crear y difundir un discurso de odio contra las personas sin hogar que no tienen otra alternativa para vivir que la de ocupar. Esta es la realidad de la clase obrera, y es por este motivo que la escasa solidaridad vecinal no puede ser el foco del problema. En todo caso, las organizaciones vecinales serán la chispa que prenda la pólvora.

El 4 de mayo, la actuación de una multitud de vecinos del barrio sevillano Cerro del Águila, consiguió la paralización del desahucio de una familia con menores y una madre embarazada. La vivienda es propiedad de Caixa. Por supuesto, no era la entidad bancaria la que estaba presente para frenar el desalojo, sino que fue la que exigió que la familia fuese expulsada de su vivienda. El hecho de que esos padres puedan dormir hoy con sus hijos bajo su propio techo también es gracias a la solidaridad vecinal.

Es intolerable que los grandes tenedores de propiedades pidan libertad para vulnerar derechos fundamentales. Ante este acoso y maltrato que sufre la clase obrera diariamente no conviene señalar la solidaridad vecinal como solución de un problema estructural, y mucho menos restar importancia al papel que los grandes bancos y fondos buitre tienen en este escenario mientras dejamos que salgan con las manos limpias. Debemos exigir a las instituciones que garanticen los derechos y necesidades básicas. Al fin y al cabo esto también se trata de lucha de clases. No podemos permitirnos el lujo de ponernos obstáculos.