Persecución judicial contra la lucha obrera

 

Cargas policiales contra huelguistas de Tubacex | LAB Tubacex-Aceralava

La huelga de los trabajadores de Tubacex llegó a su fin, pero las consecuencias de las protestas y movilizaciones continúan persiguiendo a la lucha obrera. La sección sindical de LAB Tubacex-Aceralava denuncia el total de 20 años de cárcel que se pide para 7 trabajadores y vecinos de la comarca de Aiaraldea por participar en la huelga que duró 236 días y que estuvo acompañada de protestas reprimidas por la Ertzaintza.

Los trabajadores de Tubacex denunciaron que la empresa aprovechó la situación de excepcionalidad de la pandemia con el fin de llevar a cabo una reestructuración de la plantilla. En 2021, la dirección de la empresa anunció un ERE de 150 despidos (que después se reducirían a 129) y afirmaba que estaba motivado por la “grave crisis de petróleo y gas”, principales sectores destinatarios de su producción. Este ERE fue la gota que colmó el vaso para los trabajadores de las plantillas alavesas de Llodio y Amurrio, que decidieron iniciar una huelga indefinida al entender que las medidas de la empresa deberían haber sido “únicamente medidas temporales”. Además, los trabajadores de Tubacex sufrieron amenazas durante su lucha por parte de la dirección de la compañía, llegando a lanzar un comunicado cuando se cumplían 113 días de lucha, en el cual exigía a los trabajadores abandonar la huelga indefinida y acogerse al plan de la empresa o cerraría las plantas alavesas.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco dio la razón a los sindicatos y la empresa tuvo que renunciar a los despidos forzosos y readmitir a los trabajadores, ya que la sentencia los declaró como nulos. Del mismo modo, tuvo reconocer que las causas de los EREs (efectos de la pandemia y crisis del petróleo y gas) no estaban justificadas debido a que vulneraban la “prohibición de despedir por problemas derivados de la crisis coyuntural de la COVID-19” y el abandono de la empresa de su línea argumental en los procesos judiciales al ser “consciente de la tendencia al alza de los precios del petróleo”.

Aunque, a pesar de estos logros por parte de los trabajadores de Tubacex, los sindicatos no desconvocaron la huelga y señalaron otros problemas a los que se enfrentaban: deterioro de las máquinas de trabajo, incumplimientos del convenio, ritmos de trabajo abusivo, vulneraciones de derechos sindicales, subcontratación extrema o 25.000 horas extra anuales, entre otros.

Persecución judicial

Se convocaron varias manifestaciones a lo largo de los 236 días de conflicto laboral por parte de los trabajadores y vecinos de la comarca que se solidarizaron con las plantillas. En agosto de 2022, la fiscalía solicitó cuatro años y siete meses de prisión para tres jóvenes que participaron en las protestas por delitos de atentado contra la autoridad y desórdenes públicos. Sin embargo, como señalaron varios medios de comunicación en aquel momento, dos de estas personas no fueron identificadas durante el día en el que supuestamente cometieron los delitos. Por otra parte, la tercera persona encausada fue identificada antes de que sucediesen los hechos por los que se le acusa.

Además, el sindicato LAB publicó un comunicado en el que denunciaba la apertura de procedimientos penales contra los trabajadores, así como denunciaba las “múltiples multas, amenazas, acusaciones y diversas actuaciones desproporcionadas”. Especialmente destacan los altercados en Amurrio el 25 de marzo, donde “la Ertzaintza fue la que tuvo una actuación totalmente desproporcionada golpeando y cargando varias veces, incluso disparando foam a la altura de la cabeza”, añade el sindicato.

Igualmente, acusa al Partido Nacionalista Vasco (PNV) de incumplir la promesa de no aplicar la Ley Mordaza: “Se nos aplica la Ley Mordaza, una legislación que ya debería haber sido tumbada en el Congreso. A través del derecho administrativo pretenden obtener penas que no pueden obtenerse por la vía penal”, dicta el comunicado.

Este 8 de junio, el sindicato LAB denunció a través de las redes sociales que el colectivo de personas afectadas y encausadas por la huelga ha hecho saber que piden un total de 20 años de prisión a 7 trabajadores y vecinos de la comarca de Aiaraldea por su participación en las movilizaciones durante el conflicto laboral. En esta línea, insiste en que “los hechos que les imputan son un nuevo montaje policial para criminalizar la lucha obrera y toda la solidaridad que surgió de la huelga de Tubacex” y anima a la ciudadanía a acudir a las convocatorias que vayan surgiendo próximamente.

Artículo publicado en Lo Que Somos.